Más de 4.000 pisos ‘tocados’

març 17, 2006

El bloque desalojado en el Turó de la Peira sufre envejecimiento del material
La futura ley prevé la obligatoriedad de la rehabilitación en edificios afectados

Las viviendas con problemas se han arreglado en el 70,1 por ciento de los casos, pero quedan 4.074 pisos  

ANTÒNIA JUSTÍCIA – 17/03/2006
BARCELONA

Más de 4.000 pisos (4.074) con patologías de construcción están a la espera de ser arreglados o en su caso sustituidos por otros nuevos en los barrios de Barcelona donde en los últimos quince años se han venido desarrollando programas de rehabilitación o remodelación. En el Turó de la Peira, el barrio donde más viviendas se detectaron en su día con patologías, principalmente la aluminosis, casi un millar de viviendas han de rehabilitarse, aunque casi la mitad de ellas ya cuentan con un diagnóstico de su problema.

Estas cifras dan una idea del mucho trabajo que queda para grantizar una mayor y larga seguridad en un parque de viviendas mayoritariamente construido en los años cincuenta y sesenta. Entre ellas están casi 600 viviendas de 27 fincas del Turó de la Peira cuyos propietarios no las han incluido en el programa de reformas. Una de éstas, la del número 338 del paseo Fabra i Puig, empezó ayer a ser apuntalada, tras agrietarse y abombarse una pared maestra, lo que obligó el miércoles a desalojar a 74 personas.

El arquitecto municipal Carles Buxadé confirmó ayer que la causa de la lesión de la pared maestra no es la aluminosis (que se produce en vigas y techos, no en paredes), como se dijo el miércoles, sino la baja resistencia del material de la pared, “pieza de cerámica (ladrillo) vacía con muchos agujeros” que es un material envejecido y fatigado, “no idóneo” para soportar la carga que padecía. El arquitecto avanzó que seguramente hoy se acabará la tarea de apuntalar las paredes de carga de los pisos cuartos (la grieta se encuentra en el primero cuarta) y que él mismo y los bomberos certificarán la seguridad para que puedan volver los vecinos. Este regreso podría producirse, si no surgen inconve–nientes, durante el fin de semana. Luego habrá que hacer el diagnóstico del estado del edificio y “puedo asegurar que el resultado será la necesidad de una rehabilitación integral”.

En todos los edificios del Turó que se ha hecho un diagnóstico, se ha decidido la rehabilitación, aunque no todos padecían aluminosis. Podían tener carbonatosis (otra patología similar) o esa fatiga y envejecimeinto del material que se ha visto en la pared maestra del edificio desalojado. En el paseo Fabra i Puig se detectó el mismo fenómeno y se apuntalaron cinco plantas.

A lo largo de la mañana de ayer, muchos fueron los vecinos que se acercaron hasta el edificio desalojado (no pudieron entrar en él) para seguir de cerca el proceso de apuntalamiento de los primeros pisos. Los técnicos fueron recogiendo las llaves de las viviendas de sus propietarios para poder acceder al interior. Se supo que Buxadé descartaba la aluminosis. “Eso ya lo sabíamos nosotros”, comentaba airada una de las desalojadas que insistió en desmentir que los vecinos se hubieran negado a realizar catas para determinar el estado de salud del edificio.

“No somos unos suicidas”, decía Silvia Córdoba, pariente de una de las vecinas, indignada con la imagen que se está dando de ellos. Y no sólo ella contestaba las declaraciones que la tarde anterior lanzó el concejal de Nou Barris José Cuervo, quien señalaba que los vecinos decidieron no acogerse al programa de diagnosis de patologías y rehabilitación por considerar que en su caso no había peligro ni gravedad en el edificio.

Cuervo se reunirá hoy con responsables de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge para estudiar el marco legal con el que abordar ahora la rehabilitación del edificio.

El concejal de Nou Barris afirmó que “de momento no queremos obligar a nadie” a hacer el diagnóstico y la rehabilitación. Añadió que “haremos esfuerzos para que las 27 fincas lo hagan lo antes posible”, con independencia de la aprobación de la ley del derecho a la vivienda, que podría aprobarse antes del verano o, a más tardar, en otoño.

Los programas de remodelación y rehabilitación de barrios con patologías de la construcción se crearon en la década de los 90 tras la constatación de lo extendida que estaba la aluminosis en Barcelona (unas 14.000 viviendas). Generalitat, Ayuntamiento y empresas públicas (Adigsa y Regesa) desarrollan estos programas con la construcción de pisos que sustituyen a los que se han de derruir, y subvenciones a las rehabilitaciones. Pero se necesita el acuerdo con los propietarios, que no se ha dado en parte del Turó de la Peira.

En la actualidad, los ayuntamientos no pueden hacer inspecciones de oficio para evaluar el estado estructural de los edificios. En el caso de Barcelona, el Consistorio tan sólo puede actuar sobre la fachada y los elementos que se encuentren en la vía pública. En cambio, el anteproyecto de ley para el derecho a la vivienda, prevé la obligatoriedad de la rehabilitación en casos en los que el edificio sufra patologías en la construcción. Uno de los objetivos de esta futura norma es el de mantener en condiciones óptimas de calidad el parque inmobiliario. Así se prevén inspecciones técnicas obligatorias que determinen el estado de las fincas.

“Será como pasar una especie de ITV – como la de los vehículos- que determinará las posibles patologías que puede sufrir un edificio y su estado de conservación”, explicó ayer el secretario de Habitatge de la Generalitat, Ricard Fernández. Por eso, cada inmueble deberá poseer un libro del edificio que recoja las características técnicas del mismo, además de las necesidades de conservación y exigencias técnicas que necesite. “De esta manera el mantenimiento y la rehabilitación no sólo se convierten en un derecho para el propietario también en una obligación que ahora es muy dificil de exigir”, apuntó Fernández.

La entrada en vigor de la futura normativa afectará también a las viviendas que se encuentren en mal estado o se conviertan en un peligro y que estén vacías. El anteproyecto de ley establece que pueden ser expropiadas por la administración. Así la Generalitat podría expropiarlas para rehabilitarlas y volverlas a introducir en el mercado, en esta caso como viviendas de protección.

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